El debate sobre el salario mínimo en Estados Unidos entra en una nueva fase para 2026. Aunque el salario mínimo federal vigente sigue siendo de siete dólares con veinticinco centavos por hora, decenas de estados han aprobado aumentos que entraron en vigor a comienzos de 2026, y en el Congreso hay proyectos de ley que buscan elevar la cifra federal de forma escalonada o hasta un objetivo de quince dólares por hora. Además, normas y órdenes ejecutivas sobre contratistas federales siguen cambiando el panorama salarial en el sector público y vinculado. Este artículo explica qué está sobre la mesa para febrero de 2026, qué opciones legislativas se discuten, cómo afectarán los aumentos estatales y federales a trabajadores y empleadores, ofrece datos comparativos y responde a las preguntas frecuentes.
Por qué importa ahora
El costo de vida ha seguido subiendo en muchas regiones del país y la presión política para aumentar los salarios mínimos se ha intensificado. Para febrero de 2026 los legisladores y la Administración enfrentan tres motores de presión simultáneos: la expansión de aumentos estatales ya implementados a inicios de año, la movilización de sindicatos y grupos de defensa laboral, y propuestas legislativas presentadas en el 119º Congreso para actualizar la cifra federal. La confluencia de estas fuerzas hace plausible que en las próximas semanas se concrete alguna iniciativa de alcance federal o cambios normativos de alcance administrativo.
¿Cuál es el salario mínimo federal hoy?
El salario mínimo federal legal continúa siendo $7.25 por hora. Desde la última alza federal en 2009 no ha habido incremento obligatorio a ese nivel por parte del Congreso. Sin embargo, el salario efectivo de millones de trabajadores viene determinado por normas estatales y locales que han ido elevando sus propios pisos salariales.
Qué propone el Congreso y qué podría ocurrir en febrero
Existen al menos dos vías legislativas activas que pueden cambiar la política federal:
- Propuestas de incremento gradual o indexado: proyectos como el denominado “LAW Act” (Original Living American Wage Act) contemplan aumentos escalonados para llevar el salario a cifras intermedias y luego indexarlo a inflación o productividad.
- Propuestas para alcanzar $15/hora: iniciativas en la Cámara de Representantes y en el Senado (por ejemplo, el “Raise the Wage Act” y otras iniciativas de 2025–2026) buscan establecer un calendario para subir el mínimo federal hasta $15 por hora en varios años, con fórmulas de transición.
Para febrero de 2026 el Congreso puede: aprobar una medida de alcance nacional (lo más probable sería una ley escalonada o indexada), aprobar cambios parciales (por ejemplo, para contratistas federales) o no llegar a consenso y dejar que sigan predominando las normas estatales. La coyuntura política y la prioridad legislativa determinarán el ritmo.
Qué están haciendo los estados — panorama 2026
A partir del 1 de enero de 2026, un número significativo de estados implementó aumentos automáticos o planificados. Según compendios periodísticos y laborales, entre 19 y 21 estados aumentaron sus salarios mínimos en enero de 2026, afectando a más de ocho millones de trabajadores. Los rangos varían: algunos estados superan $16/hora en promedio, mientras que otros mantienen niveles cercanos a $7.25 si no tienen un piso estatal propio.
Tabla comparativa — ejemplos seleccionados (efectivos 1 de enero de 2026)
| Estado / Jurisdicción | Salario mínimo 2026 (ejemplo) | Observación |
| Washington D.C. | $17.95 / hora | Lidera entre las jurisdicciones con salario más alto. |
| Washington (estado) | $17.13 / hora | Uno de los más altos a nivel estatal. |
| Nueva York (NYC/L.I./Westchester) | $17.00 / hora | Diferenciación por región dentro del estado. |
| California | $16.90 / hora | Índice estatal y aumentos automáticos. |
| Arizona | $15.15 / hora | Aumento efectivo a inicios de 2026. |
| Texas | $7.25 / hora (federal) | No aumentó a nivel estatal; copia el mínimo federal. |
(Esta tabla muestra ejemplos representativos; varios estados aplican ajustes por tamaño empresarial o por condados/regiones.)
Impacto estimado: cuántos trabajadores y qué sectores
Fuentes de análisis laboral estiman que más de ocho millones de trabajadores se beneficiaron directamente de los aumentos estatales al comenzar 2026. Los sectores más afectados son comercio minorista, hostelería, servicios personales y algunos empleos administrativos de nivel de entrada. El aumento estatal reduce la brecha con objetivos federales y obliga a empresas regionales a revisar nóminas, precios y estructuras de horas.
Consideraciones económicas y laborales
Los argumentos a favor subrayan la mejora en poder adquisitivo, reducción de pobreza laboral y menor rotación en sectores con alta rotación. Los críticos advierten posibles efectos sobre empleo juvenil, automatización y márgenes de pequeñas empresas en zonas de menores ingresos. La evidencia empírica es mixta y depende de diseño (subida gradual vs. choque inmediato), tamaño del aumento y acompañamiento de políticas (créditos fiscales, subsidios a pequeñas empresas, expansión de programas de capacitación).
¿Qué pueden esperar empleadores y trabajadores en febrero?
- Empleadores: revisar nóminas, contratos y presupuestos operativos. Prepararse a ajustar precios o reducir horas si el aumento afecta márgenes. Consultar las autoridades estatales y departamentos laborales para cumplimiento.
- Trabajadores: verificar incrementos estatales aplicables y, si corresponde, solicitar la revisión de su salario; en caso de contratistas federales, estar atentos a normativas específicas que pueden fijar pisos mayores.
Casos prácticos: opciones de diseño político que se evalúan
- Aumento escalonado: elevar el mínimo a un valor intermedio en 2026 y añadir pasos anuales hasta el objetivo final; esta vía busca mitigar choques de ajuste.
- Indexación automática: ligar el salario mínimo a inflación o medianas salariales para evitar erosión por la inflación.
- Exenciones/ajustes para PYMES: créditos fiscales temporales o periodos de transición para pequeñas empresas. (Propuesta recurrente en debates legislativos.)
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Subirá automáticamente el salario mínimo federal en febrero de 2026?
No; un aumento federal requiere acción del Congreso (o un cambio administrativo limitado a contratistas federales mediante orden ejecutiva). Para febrero de 2026 podría presentarse o votarse legislación, pero no hay aumento automático sin decisión legislativa o administrativa.
¿Qué diferencia hay entre aumentos estatales y el federal?
El salario mínimo federal es el piso legal mínimo aplicable a la mayoría de empleos; los estados y ciudades pueden fijar pisos superiores. Si un empleado está bajo una ley estatal con mínimo mayor, se aplica la norma estatal.
¿Cuántos trabajadores se benefician de los aumentos 2026?
Estudios y reportajes recientes estiman que más de ocho millones de trabajadores recibieron alzas en sus salarios mínimos por cambios estatales a comienzos de 2026.
¿Cómo afectará esto a la inflación y al empleo?
Los modelos muestran efectos heterogéneos: aumentos moderados y graduales tienden a mejorar ingresos sin generar pérdidas de empleo significativas; subidas abruptas pueden presionar costos de empresas pequeñas. El efecto sobre precios al consumidor depende del grado en que las empresas trasladen costos laborales.
¿Qué pueden hacer los trabajadores si su empleador no aplica el aumento?
Contactar al departamento laboral estatal o la oficina federal correspondiente, y revisar las notificaciones de su empleador. Muchos estados publican guías y formularios de reclamación para incumplimientos.
Conclusión
En febrero de 2026 el país se encuentra en una etapa de transición: muchos estados ya aplicaron aumentos a inicios de año, mientras que en Washington el debate legislativo sigue abierto con propuestas que van desde aumentos escalonados hasta elevaciones más ambiciosas. Para los trabajadores, los efectos inmediatos son reales en tantas jurisdicciones que han actualizado sus pisos; para los empleadores, la tarea es ajustar operaciones y considerar medidas de adaptación. El resultado final dependerá de la capacidad del Congreso para articular una solución federal práctica y de las decisiones administrativas sobre contratistas y regulaciones complementarias.
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